17 de marzo de 2026 — El Colectivo 46/2 reconoce el trabajo del GHREN y celebra la presentación del Nuevo Informe que reafirma las denuncias de las organizaciones de sociedad civil durante los últimos 8 años. 

El Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN) presentó este lunes, ante la 61ª Sesión del Consejo de Derechos Humanos, el Informe Anual donde se examina la Situación de los Derechos Humanos en Nicaragua,* aportando nuevos elementos para analizar la continuidad, la dimensión de género y el agravamiento de la represión política, que cada vez más tiene un carácter transnacional. 

A pocos días de que se cumpla un aniversario más de la violenta represión de las protestas de abril de 2018, las organizaciones que integramos el Colectivo 46/2 reconocemos la importante labor de documentación que el Grupo de Expertos ha realizado durante estos años. Sus informes, producto del trabajo riguroso y sistemático, reafirman y le otorgan mayor legitimidad a las denuncias que las organizaciones defensoras de derechos humanos han realizado durante todo este tiempo, a la vez que permiten visibilizar las voces silenciadas durante estos 8 años de crisis sostenida. 

El nuevo Informe profundiza en los principales patrones de violaciones transnacionales de los derechos humanos como son la vigilancia, amenazas, acoso y violencia física; el abuso de los mecanismos internacionales de control y cooperación; la privación arbitraria de la nacionalidad; la confiscación de bienes y las represalias contra familiares que se encuentran en el país. Asimismo, se analiza la dimensión de género de la represión transnacional y la arquitectura transnacional de inteligencia y vigilancia que permite al Estado vigilar y perseguir a las personas nicaragüenses en el exilio. 

Un aspecto novedoso del Informe son los avances investigativos respecto a la financiación del aparato represivo del Estado y su vinculación con prácticas de corrupción. En el Informe se explican distintos métodos utilizados desde 2018 que implican el uso indebido y el desvío de fondos públicos para financiar la represión y las violaciones a los derechos humanos y lograr un mayor control social. Al mismo tiempo, se identifican responsables directos individuales e institucionales de estos hechos de corrupción. 

En sus conclusiones, el GHREN hace un nuevo llamado a la comunidad internacional, respecto de su responsabilidad de actuar ante el empeoramiento de la situación y la negativa del Estado de Nicaragua de cooperar con las Naciones Unidas. En este sentido, advierte que dada la magnitud y duración de las violaciones, mientras más se retrase la acción, más dura será la carga para restablecer los derechos, la institucionalidad democrática y el estado de derecho. 

El Grupo también insta al Estado de Nicaragua a que adopte medidas efectivas e incondicionales para lograr una transición pacífica y concertada en consonancia con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. En el Informe se recomiendan al Estado tomar una serie de medidas que conllevan el cese de las violaciones a los derechos humanos, el fin de la represión política y de la impunidad. 

El GRHEN también recordó recomendaciones generales dirigidas a la comunidad internacional que ha planteado con anterioridad, destacando entre otras, las siguientes recomendaciones clave: Llevar a cabo investigaciones y enjuiciamientos penales sobre la base de la jurisdicción extraterritorial, incluida la jurisdicción universal; imponer sanciones selectivas y otras medidas legales a las personas, entidades e instituciones identificadas por el Grupo como responsables o cómplices de las violaciones, abusos y delitos y exigir que Nicaragua rinda cuentas ante la Corte Internacional de Justicia por incumplir la Convención para Reducir los Casos de Apatridia y la Convención contra la Tortura. 

Durante el diálogo interactivo, más de una decena de delegaciones diplomáticas se pronunciaron ante el Consejo respecto del Informe del GHREN y la crisis nicaragüense. La delegación de la Unión Europea en Ginebra agradeció al GHREN por su reporte y reiteró total apoyo a su mandato, expresando su alarma por los hallazgos en relación a la dimensión de género y el carácter transnacional de la represión, condenando además la abusiva instrumentalización de las alertas de INTERPOL. La delegación reiteró su llamado a que se restablezca el estado de derecho en Nicaragua y el pleno cumplimiento de las obligaciones internacionales de derechos humanos. 

Por su parte, la delegación de Reino Unido también expresó su profunda preocupación por el continuo deterioro de los derechos humanos en Nicaragua, recordando que el hecho que tales violaciones puedan ser crímenes de lesa humanidad refuerza la necesidad del escrutinio internacional. Canadá, en representación de los países que integran el Core Group el cual da seguimiento a la resolución que creó el mandato del GHREN, hizo un llamado al Consejo a dar seguimiento a la situación y apoyar los esfuerzos de rendición de cuentas, mientras Uruguay rechazó la política de privación arbitraria de la nacionalidad como herramienta de represión. Las organizaciones de sociedad civil también participaron en el diálogo interactivo que siguió a la presentación del informe. En dichas participaciones se acogió con satisfacción el informe presentado, se denunció el cierre de 83 organizaciones más durante 2025, la persecución hacia mujeres defensoras que incluye destierro y desnacionalización, se denunció la violencia estatal que trasciende fronteras, así como el despojo y usurpación de los territorios de los pueblos indígenas y afrodescendientes a quienes se les ha violado el derecho al consentimiento libre, previo e informado con la entrega de concesiones mineras a empresas extranjeras. Se demandó prueba de vida de Brooklyn Rivera y de todas las personas en situación de desaparición forzada, como el militar retirado Carlos Brenes, cuya hija también participó en el diálogo y recordó al régimen que el mundo los está observando y documentando evidencias de sus abusos. 

En varias declaraciones de la sociedad civil se exigió la liberación de todas las personas en prisión por motivos políticos, que son al menos 46, entre quienes se encuentran mujeres, personas adultas mayores y 8 guardabosques indígenas.

Desde el Colectivo 46/2 reafirmamos nuestra apuesta por los métodos pacíficos y respetuosos del derecho internacional. Por lo que nos sumamos al llamado del Grupo para que la comunidad internacional sostenga el trabajo de escrutinio, vigilancia y se involucre en los procesos de rendición de cuentas, a partir de la información aportada por el Grupo sobre las graves violaciones a los derechos humanos y sus responsables. Asimismo, instamos a todos los Estados miembros del Consejo a proteger a las personas exiliadas, en particular a quienes sostienen el trabajo de defensa de los Derechos Humanos enfrentando los riesgos de la Represión Transnacional. 

El Colectivo 46/2 es una coalición conformada por 21 organizaciones de derechos humanos internacionales, regionales y nicaragüenses que informa periódicamente a la comunidad internacional sobre la falta de acciones del régimen de Nicaragua para atender sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. A continuación, se listan las organizaciones integrantes del Colectivo que han decidido hacer pública su adhesión a este pronunciamiento: 

• Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) 
• Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más 
• Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH) 
• Fundación Sin Límites Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos. (IM-Defensoras)
• Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) 
• International Service for Human Rights (ISHR) 
• Movimiento Autónomo de Mujeres (MAM) 
• Peace Brigades International (PBI) 
• Unidad de Defensa Jurídica (UDJ) 
• Urnas Abiertas (UA)

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* Informe en español: https://docs.un.org/es/A/HRC/61/56; informe en inglés: https://docs.un.org/en/A/HRC/61/56.