Ese día, la angustia, dolor, tristeza y preocupación se apoderaron de estas familias, al conocerse la noticia de que el cuerpo de Carlos Cárdenas Zepeda, que se encontraba desaparecido, había sido entregado sin vida. En menos de una semana, este fue el segundo preso político fallecido, el primero había sido Mauricio Alonso Petrie. Ambos habían sido víctimas de las recientes oleadas de detenciones de los últimos meses y se encontraban en condición de desaparición forzada. Mauricio Alonso, había sido detenido junto a su esposa e hijo el 18 de julio, Carlos Cárdenas, a mediados de agosto.
El Mecanismo para el reconocimiento de personas presas políticas en Nicaragua publicó ese mismo día un Informe actualizado en el cual se registran, 73 personas detenidas por motivaciones políticas, de las cuales 33 están en condición de desaparición. Según el Informe:
En total, entre julio y agosto se documentaron 52 detenciones arbitrarias, de las cuales 11 personas fueron liberadas y 19 se integraron a la lista oficial de presas políticas, elevando el número total a 73 personas reconocidas por el Mecanismo. El resto de casos continúan bajo verificación. El perfil de la mayoría corresponde a liderazgos comunitarios y personas con alta estima social en sus barrios, lo que refuerza la estrategia del régimen de desarticular la organización social y quebrar los lazos de confianza comunitaria
El Informe también explica que las detenciones de los últimos meses no son hechos aislados, sino parte de una política más amplia de represión:
Durante los meses de julio y agosto, el país vivió una escalada represiva que combinó redadas masivas, hostigamiento policial, detenciones arbitrarias y confiscaciones de instituciones sociales y educativas. Estas acciones reflejan un patrón de violencia estatal que busca sembrar terror en la población y castigar cualquier forma de disidencia
Las organizaciones acompañadas por PBI-Nicaragua han denunciado estas oleadas de detenciones. Una de las activistas por la liberación de las personas presas políticas es la defensora feminista Sadie Rivas, integrante de la Coordinadora Universitaria por la Democracia y la Justicia (CUDJ), quien tiene a su padre, Anibal Rivas Reed preso desde mayo pasado. En la Conferencia de Prensa del 30 de agosto, Sadie, en nombre de las familias buscadoras de justicia y libertad para familiares presos políticos expresó:
Desde hace meses decenas de hogares nicaraguenses vivimos con la angustia permanente de no saber donde se encuentran nuestros seres queridos, ni en qué condiciones están (…) nos negamos a normalizar esta práctica infame y denunciamos con firmeza y con fuerza que cada muerte bajo custodia estatal es un asesinato político
La defensora Sadie también recordó que muchas de las familias realizan la búsqueda desde el exilio forzado, porque son personas como ella, que se vieron obligadas a salir del país huyendo de la persecución, lo cual dificulta aun mas la labor de búsqueda de información, por la distancia y la dureza de la migración. Por esa razón exige al Estado de Nicaragua, una respuesta a las demandas de las familias en el exilio.
La CUDJ se ha unido a la Campaña por la liberación de las personas presas políticas acuerpando no solo la denuncia de Sadie y su familia, sino también visibilizando la detención de Yerri Gustavo Estrada Ruiz, joven médico de 30 años, quien fue su compañero en las protestas del 2018 cuando eran todas y todos estudiantes universitarios en Nicaragua. Yerri también se encuentra desaparecido.
(Imagen de la CUDJ por liberación de Yerri)
El Grupo de Reflexión de Excarcelados Políticos (GREX) ha lanzado una Campaña en Redes Sociales con la pregunta ¿Donde están?, visibilizando los rostros y nombres de las personas desaparecidas. El Grupo, integrado por personas que estuvieron presas por razones políticas después del estallido social del 2018, ha continuado exigiendo por mas de 5 años, la libertad de quienes siguen siendo detenidas, acompañando a sus familias, demandando mejores condiciones y el respeto de sus derechos en las cárceles. En el 2024, en el marco del Examen Periódico Universal (EPU), el GREX presentó un Informe donde documentó las continuas violaciones a las que están expuestas las personas presas políticas incluso después de ser excarceladas. Una de las mas graves y más conocida es la desnacionalización, pero para quienes se quedan en Nicaragua la persecución no termina. Por eso, muchas se ven obligadas a exiliarse para evitar ser detenidas nuevamente. Según los registros del GREX, en las cárceles de Nicaragua hay actualmente 6 personas que anteriormenta ya habían estado encarceladas y liberadas.
Las organizaciones, defensoras y defensores nicaragüenses exigen libertad inmediata e incondicional de todas las personas presas políticas, la aparición con vida de todas las personas desaparecidas, el respeto a la vida, la dignidad de las personas presas y la rendición de cuenta de los responsables de las detenciones y muertes. También exigen justicia, para que estas violaciones de los Derechos humanos no queden en impunidad y reparación para las familias de personas asesinadas.
Así mismo, hicieron un llamado a la Comunidad Internacional a no guardar silencio, a seguir alzando la voz y exigiendo la liberación de los personas presas en Nicaragua, a no bajar la mirada sobre la grave situación de Derechos Humanos en Nicaragua.
La conferencia de Prensa puede verse completa aquí.
